Eliminación de esquemas outsourcing en México: es momento para una reestructura corporativa

En fechas recientes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el Grupo Parlamentario de Morena, han manifestado su interés por eliminar el outsourcing del sistema legal mexicano.

Es fundamental señalar que en la práctica existen distintos esquemas outsourcing, algunos de ellos tienen como sustento legal el régimen de subcontratación previsto en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, algunos otros, el régimen de intermediación previsto en el artículo 12 del mismo ordenamiento.

Incluso, existen algunos esquemas outsourcing en los que se aduce una relación de "prestación de servicios" y, en consecuencia, se considera que dicha relación contractual no se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo y tampoco por los ordenamientos aplicables en materia fiscal y de seguridad social, desconociendo cualquier relación laboral.

Lo cierto es que, independientemente de la denominación y funcionamiento de cada variante, los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran interesados en plantear una propuesta de reforma a distintos ordenamientos jurídicos a través de los cuales se pretende eliminar de manera definitiva cualquier esquema de outsourcing.

Por lo tanto, es necesario analizar nuevas estrategias de reestructura corporativa que permitan regularizar el cumplimiento de las disposiciones laborales, fiscales y de seguridad social de manera anticipada a incurrir en incumplimientos y, a su vez, que permitan mantener funcionamiento del negocio de la manera más eficiente posible.

En GTAX estamos comprometidos con nuestros clientes, por ello, hemos desarrollado una serie de alternativas confeccionadas a la medida de cada empresa y, que podrían resultar de interés para llevar a cabo una reestructura corporativa, principalmente, en relación con su plantilla de trabajadores y sus líneas de negocio.

Uno de los principales motivos por los cuales se recurre a esquemas de outsourcing en México es por la fuerte carga financiera que se genera para las empresas al tener que pagar la Participación de los Trabajadores en la Utilidades de las Empresas ("PTU").

La PTU es una partida que deben pagar anualmente los empleadores en favor de sus empleados, y la cual se determina aplicando una tasa del 10% sobre la renta gravable de la compañía (sin posibilidad de disminuir la PTU pagada en el ejercicio y tampoco las pérdidas fiscales pendientes de amortizar).

La base o mecánica para determinar el pago de la PTU no es acorde con la finalidad que inicialmente fue pretendida por el legislador, la cual consiste en otorgar una prestación económica a los trabajadores con motivo de su fuerza productiva para la generación de utilidades en la empresa, pues existen conceptos que integran la renta gravable que no necesariamente tienen relación o vinculación con la fuerza laboral.

Para ejemplificar lo anterior supongamos una empresa que tiene trabajadores para desarrollar actividades de producción y comercialización de lácteos y, por así convenir a los intereses del negocio, decide enajenar o vender uno de sus inmuebles y, con ello, se origina una ganancia que vendrá a formar parte de su renta gravable para el pago de la PTU.

Ciertamente los trabajadores no realizaron ninguna acción laboral tendiente a la generación de esa renta gravable, pues ésta se originó con motivo de la venta de un inmueble que es propiedad de la compañía, no obstante, la ganancia obtenida tendrá que compartirse con los trabajadores bajo el concepto de PTU, lo cual resulta contrario a la capacidad económica y de contribución de la empresa empleadora.

Otra de las razones que hemos identificado en compañías que recurren a este tipo de esquemas consiste en establecer un limite en la responsabilidad en las obligaciones que se originan en materia laboral, fiscal y de seguridad social, siendo que al no tener una relación laboral directa, el beneficiario de los servicios de personal tiene una responsabilidad limitada, salvo el incumplimiento de supuestos específicos previstos en los ordenamientos especiales.

En este contexto, las estrategias de reestructura corporativa que hemos desarrollado en GTAX tienen como principal objetivo cumplir con las disposiciones en materia laboral, fiscal y de seguridad social y, a su vez, satisfacer la teleología o finalidad que fue perseguida por el legislador al crear el concepto de PTU. Es decir, que los trabajadores reciban una participación -controlada- en función de las actividades que realmente desarrollan dentro de la compañía para la generación de la renta gravable.

Asimismo, nuestras estrategias permiten mantener una responsabilidad acorde a las actividades que los empleados desarrollan dentro de la compañía, sin que ello implique una responsabilidad absoluta que deba asumirse con el patrimonio del empleador o patrón. Evitando de esta manera abusos arbitrarios por parte de sindicatos de trabajadores o sectores empresariales.

Finalmente, nuestras estrategias permiten mantener eficiencia operativa en materia de administrativa, específicamente, en la administración de la nómina, generación de constancias de retención, entero de contribuciones ante autoridades fiscales, trámites ante autoridades laborales y de seguridad social, entre otras.